El cambio en la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, la conocida como ley del aborto, anunciado ayer en el Congreso por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, supone un nuevo giro en la legislación sobre una materia tan sensible y controvertida.
La interrupción voluntaria del embarazo fue despenalizada por primera vez en España con el gobierno socialista de Felipe González. La Ley Orgánica 9/1985 de julio de 1985 establecía los primeros supuestos en los que el aborto quedaba despenalizado. Las mujeres podrían abortar, sin límite de plazo, en caso de que su embarazo pusiera en peligro su salud física o psíquica. En el caso de que el embarazo fuera consecuencia de una violación, podrían abortar dentro de las primeras doce semanas de gestación. Otro supuesto admitido era el de la existencia de grave riesgo de taras físicas o psíquicas para el feto.
La Ley permaneció inalterada durante más de quince años y ese hecho fue uno de los argumentos del gobierno del también socialista José Luis Rodríguez Zapatero para promover en 2010 una nueva ley del aborto. El supuesto del peligro para la salud psíquica del feto se había convetrtido en la práctica en un coladero alegado indiscriminadamente.
El problema de las menores
La Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, promulagada en 2010, abrió la puerta al aborto libre para todas las mayores de 16 años durante las primeras 14 semanas de gestación. En el caso de existir riesgo para la vida de la madre se podría abortar hasta la vigésimosegunda semana. Uno de los puntos más polémicos de la nueva fue el relativo al derecho a abortar de las menores. La Ley estipula que las menores de edad, si tienen más de 16 años, podrán interrumpir su embarazo sin informar a sus padres. Las menores de esa edad también, en el caso de que aleguen que están siendo coaccionadas o sufriendo violencia en el entorno familiar. En tal caso, no es necesario ni la información a los padres ni su consentimiento.
Este es el aspecto que ha prometido cambiar Gallardón, cumpliendo así, según dijo a la Comisión de Justicia del Congreso, con el compromiso contraído por el Partido Popular con sus votantes durante la campaña electoral.
